José López Zamorano
La Red Hispana
Al Congreso se le suele llamar la más alta tribuna de la nación. Su papel constitucional como una de las tres ramas del gobierno tiene un peso fundamental no sólo en la deliberación de los consensos nacionales, sino en la construcción del andamiaje de leyes que sostienen los principios, los valores y que trazan la ruta de los anhelos del pueblo estadounidense.
Pero al menos en el tema migratorio, el liderazgo político del Congreso parece haber claudicado de su responsabilidad y decidido que la más alta tribuna de la nación es, literalmente, un espacio cómodo para presenciar en calidad de espectadores uno de los más grandes temas pendientes de la agenda nacional.
Sólo está semana, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito escuchó los argumentos orales en favor y en contra de la legalidad del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), en lo que se considera apenas un paso previo a la inevitable llegada del tema, tarde o temprano, a la Corte Suprema de Justicia.
Paralelamente un grupo de legisladores republicanos así es, republicanos. renovó sus esfuerzos para forzar un voto a alguna de las iniciativas de alivio para los beneficiarios de DACA, los 690,000 dreamers. Sus promotores están impulsados no sólo por el ímpetu de hacer justicia a estos jóvenes modelo, sino por la certeza de que hay suficientes votos para lograr su aprobación.
¿Cuál fue la reacción del líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan ante los esfuerzos de sus colegas legisladores? Arrojarle un balde de agua fría, con el argumento de que sólo permitirá un voto de aquella propuesta que goce de la bendición del presidente Donald Trump.
“No quiero caballitos (ponys) para el show… Eso significa que la Casa Blanca tiene que ser parte de esto y necesitamos que el presidente la promulgue”. Desde esa lógica, el Congreso al que la Constitución le dio el más alto papel de la República, ha quedado reducido a un órgano que le pone la saliva al timbre de los edictos presidenciales.
Entiendo por ello la lógica de los activistas que apuntan ahora sus esfuerzos a las elecciones legislativas de noviembre, porque asumen que un cambio en el liderazgo político del Congreso ofrece la ruta más práctica para aprobar la reforma migratoria integral que el país requiere.
Desafortunadamente la historia reciente muestra que un liderazgo demócrata no es tampoco una garantía, como quedó demostrado en los primeros dos años de la presidencia de Barack Obama, cuando la reforma de salud absorbió todo el capital político del presidente y su partido.
Para que el liderazgo político pase de espectador a jugador se requiere de la presión cívica, política y electoral de todos los que creen en la urgencia de la reforma, sean o no latinos, sean o no inmigrantes. Si la movilización por la reforma migratoria, así como otras reformas pendientes, no se hace un tema de todos, seguirá siendo un juego que se ve desde la tribuna.
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