Jenny Manrique
Especial para El Observador
A menos que tengan una orden judicial, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) no tienen derecho a entrar a los lugares de trabajo a buscar indocumentados y los empleadores tampoco tienen el deber de darles acceso a su propiedad.
Así lo explicó Grisel Ruiz, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC en inglés) en una rueda de prensa telefónica organizada por New America Media y Ready California el pasado 11 de julio. Junto a otros expertos, Ruiz detalló cómo las actuales políticas migratorias están afectando a los inmigrantes y qué pueden hacer sus empleadores para protegerlos.
“No hay ninguna obligación de cooperar con ICE y poner a sus empleados en riesgo”, aseguró Ruiz al hablar sobre las protecciones que están cursando a nivel legislativo en California para defender a esta población.
La iniciativa AB 450 de autoría del asambleísta demócrata David Chiu propone que los empleadores tengan derecho a exigirle a los agentes de ICE una orden judicial antes de permitir su acceso a los lugares de trabajo. Conocida como la Ley de Protección al Trabajador Inmigrante, la AB 450 también contempla que sin orden judicial, los empleadores no tienen por qué entregar información privada como números de seguridad social de sus empleados u otros datos que a la larga pueden poner en peligro incluso a sus familias. Este proyecto de ley ya pasó en el Comité Judicial del Senado y se espera que a fines de agosto entre a debate en el Comité de Apropiaciones del Senado.
Según Michael Young, abogado legislativo de la Federación de Trabajadores de California, que agrupa a 1200 sindicatos de trabajadores inmigrantes en el estado, aunque “no podemos regular la ley federal de inmigración, sí podemos regular el comportamiento del empleador “.
Young reconoce que hay muchos abusos cuando los empleados son indocumentados ya que ellos tienden a recibir salarios bajos y no presentar quejas, lo que no quiere decir que no gocen de la protección de las leyes de trabajo. “Para eso existe la Comisionada de Trabajo que aplica las leyes laborales y protege a los trabajadores sin importar su estatus migratorio. Es a ella a quien se le debe notificar si hay autoridades han intentado hacer redadas irregulares”.
Cerca de 2,6 millones de inmigrantes indocumentados viven en California, y uno de cada 10 trabajadores en el estado es indocumentado, según las cifras compartidas por Young. Los números varían según la industria: el 45% de los trabajadores agrícolas en California están indocumentados mientras entre los trabajadores de la construcción, ese número es el 21%.
Ruiz de ILRC recordó que aunque se ha visto un aumento de las redadas de ICE en las comunidades inmigrantes, e incluso mayor colaboración entre las autoridades locales y federales para encontrar a quienes tienen órdenes de deportación, “la administración de Trump no tiene los recursos suficientes para deportar a 11 millones de personas”.
“La posibilidad de que un inmigrante tenga una interacción con ICE al azar es muy baja, así que debemos afrontar estos temas más con empoderamiento que con miedo, no podemos quedarnos en las sombras”, aseguró la abogada. “Incluso si un inmigrante indocumentado es detenido por ICE, muchas veces tiene la oportunidad de luchar por su caso”.
La experta no quiso desconocer el hecho de que los agentes de ICE siguen hacienda búsquedas individualizadas, pero destacó la validez de derechos constitucionales como guardar silencio, no abrir las puertas de la casa a agentes que no tengan la orden de un juez y no dar declaraciones sin la presencia de un abogado de inmigración.
El miedo también impacta el bolsillo
El impacto del miedo en la vida de los inmigrantes no se reduce a esconderse. Muchas de sus decisiones financieras están amarradas al temor de que en cualquier momento pueden ser deportados de manera que no se desgastan en hacer reclamaciones salariales o de seguridad social si creen que eso los va a poner en mayores problemas.
Así lo explicó Cal Soto, coordinador nacional de derechos de los trabajadores de la Red Nacional de Organizaciones Laborales (NDLON en inglés), quien dice que esta conducta ha tenido un impacto en los salarios no solo de los indocumentados sino de la fuerza laboral inmigrante en general.
“Hemos visto la normalización de la violencia contra jornaleros inmediatamente después de la elección”, contó Soto. “Muchos empleadores se sienten respaldados por el gobierno federal y abusan de un empleado sin papeles. Ellos por su parte prefieren quedarse callados más si son los que proveen el pan a su familia. Evitan discusiones y restringen al máximo estar en público”
El otro impacto evidente tiene que ver en sus formas de consumo. Muchos inmigrantes no compran vivienda o no invierten en negocios cuando sienten que el fantasma de la deportación los acecha.
Según Mohan Kanungo, director de programas y participación del Fondo de Activos de la Misión, (MAF en inglés) proteger el dinero y los bienes en tiempos de incertidumbre es vital para las familias inmigrantes. Su organización lanzó un Plan de Acción de Emergencia Financiera para Inmigrantes, que les ofrece consejos prácticos en tres pasos para atender los aspectos financieros inherentes a la deportación.
“En primer lugar las familias deben tomar medidas para proteger su dinero”, dijo Kanungo. Esto significa mantener una cuenta de cheques para tener acceso a fondos cuando sea necesario y una banca en línea por si hay que darle el poder de manejo a algún familiar. El experto recomienda estar al día con las facturas para evitar cargos por deudas.
“En segundo lugar las familias deben proteger sus pertenencias, incluyendo su coche, propiedad y negocios”. Para ello es importante darle poder a un abogado que puede ser encontrado a través de las barras de abogados que prestan servicios gratuitos para las comunidades de bajos recursos.
“En tercer lugar las familias deben crear un plan de emergencia que les permita proteger su crédito y crear unas metas de ahorro como separar el dinero suficiente para un mes de comestibles y para pagar lo que pueda costar la defensa legal si alguien es deportado ”, dijo Kanungo. Aunque todo esto suena abrumante, “hay que entender lo que supone mantener un hogar con la pérdida de ingresos de un miembro de la familia”, concluyó el experto.
