Máxima responsabilidad

Opinion
Photo Credit: White House official photographer [Public domain], via Wikimedia Commons
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Por José López Zamorano

La Red Hispana

Desde esta semana la Corte Suprema de Justicia cuenta con sus 9 miembros reglamentarios, luego de la juramentación de Neil Gorsuch como el magistrado número 113 en sustitución del juez conservador Antonin Scalia, al cabo de un proceso marcado por divisiones entre republicanos y demócratas que derivó en la activación de la temida “opción nuclear”.

A partir de ahora, los magistrados al máximo tribunal del país podrán ser elegidos por mayoría simple en el Senado, lo que según algunos puede facilitar la llegada a la Corte de magistrados más conservadores durante la era Trump y revertir décadas de jurisprudencia en temas como la migración, los derechos civiles, protecciones laborales y la libertad reproductiva de las mujeres.

Los ojos de la nación y del mundo están por ello volcados sobre la figura de Gorsuch. Su maratónico proceso de confirmación fue un ejercicio intelectual donde reafirmó su apego a una interpretación textual de la Constitución, luego que los demócratas buscaron que dejara en claro que no sería una marioneta judicial del presidente en turno.

Se trata de un debate pertinente porque la Suprema Corte de Justicia podría revisar un tema clave para el futuro de millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. En junio pasado, la corte se enfrascó en un empate en el litigio sobre la constitucionalidad de Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y su variante para adultos (DAPA).

Para muchos, una de las grandes interrogantes de la gestión de Gorsuch será despejada cuando la Corte Suprema retome el asunto. Es por eso que durante sus audiencias de conformación adquirió tanta relevancia el fallo de Gorsuch a favor del indocumentado Hugo Rosario Gutiérrez Brizuela en 2016.

Los jueces de la Corte de Apelaciones, incluido Gorsuch, determinaron que el inmigrante tenía derecho a ajustar su estatus migratorio y buscar la residencia legal, aunque otro estatuto establecía que el indocumentado debía esperar un periodo de 10 años antes de iniciar el trámite. Gorsuch y la corte fallaron a favor del indocumentado.

Gorsuch y los jueces interpretaron el precedente del llamado caso Chevron, según el cual los tribunales deben ceder a las agencias federales la interpretación de estatutos que sean ambiguos o conflictivos, como en el caso de Gutiérrez Brizuela, quien según un estatuto podía buscar la legalización migratoria de inmediato y, según el otro, debía esperar una década.

Durante su audiencia de confirmación Gorsuch dejó en claro que cuando “una burocracia puede pasar por el alto a jueces racionales en el significado de la ley, basado en un capricho político del momento, ese es un problema de separación de poderes”.

El caso del inmigrante Rodríguez Brizuela no puede ser visto como el único referente de la postura que podría adoptar Gorsuch en migración, pero al menos muestra que el nuevo magistrado ha sido escrupuloso en preservar la independencia de las tres ramas del Estado: la ejecutiva, legislativa y judicial. Y en la actual coyuntura política, esas son buenas noticias.

 

Para más información visita www.laredhispana.org.

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