José López Zamorano / La Red Hispana
La masacre de Orlando, el más sangriento de los ataques masivos con armas en la historia de Estados Unidos y que resultó en la muerte de 50 personas y más de medio centenar de heridos –la mayoría latinos y latinas–, nos recuerda de la manera más trágica la insensata violencia por las armas de fuego.
Cada año las armas de fuego causan la muerte de más de 33,000 personas en Estados Unidos, dos terceras partes de las cuales son suicidios. Miles de esas muertes corresponden a menores de edad y muchas por accidentes de niños menores de 5 años, sin que parezca existir un sentido de urgencia en el Congreso para confrontar este alarmante fenómeno.
Apenas en enero pasado el presidente Barack Obama no pudo contener las lágrimas cuando recordó en la Casa Blanca la masacre de niños en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012, por los disparos con arma de fuego de un joven con obvios problemas mentales.
Desde entonces la Casa Blanca anunció nuevas órdenes ejecutivas para expandir la revisión de antecedentes criminales de compradores potenciales en lugares como ferias ambulantes, mercados o a través del Internet. Además, propuso más agentes del FBI y de la ATF, así como 500 millones de dólares para programas de salud mental.
Pero sus propuestas han sido recibidas con un balde de agua fría entre legisladores conservadores y grupos defensores del derecho a la posesión de armas, a pesar de que las encuestas muestran un sólido apoyo popular para las acciones ejecutivas del presidente en materia de regulaciones a las armas.
Casi 7 de cada 10 estadounidenses respaldan sus medidas, aunque están escépticos de que evitarán las matanzas que ocurren con demasiada frecuencia en escuelas, templos o lugares públicos de Estados Unidos.
Es verdad que ni la más avanzada legislación de regulación de las armas impedirá todos y cada uno de los ataques violentos en Estados Unidos, especialmente aquellos que como la tragedia de Orlando fueron provocadas por un “lobo solitario” sin aparente conexión formal con grupos radicales.
Pero el hecho de que no exista una panacea para resolver con un sólo brochazo las consecuencias letales de la violencia del arma, no debe der una excusa para cruzarse de brazos y esperar al próximo boletín noticioso con una nueva masacre a la vuelta de la esquina
Es claro que la opinión pública estadounidense se inclina hacia la idea de que vale la pena hacer algo, dentro del marco constitucional, así sea para la prevención de al menos una sola muerte innecesaria.
Hoy mismo, un criminal o una persona incluida en la lista de exclusión de vuelos comerciales puede comprar un arma de fuego en una armería legal. También lo puede hacer en una feria ambulante, sin necesidad de que revisen sus antecedentes penales o mentales.
Todos podemos y debemos hacer nuestra parte siendo vigilantes de conductas, acciones o información relacionada con la posible comisión de un acto violento, pero el Congreso debe también poner de su parte para considerar medidas de sentido común que permitan abatir el sinsentido de la violencia de las armas.
